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titular HF SAD Luces sombras

por Vicent Masià

 

Que el fútbol es el deporte más popular y con más seguidores en nuestro país es algo harto sabido por todos, pero detrás de esa gran fachada que son los estadios, futbolistas y directivos, pocos son los aficionados que conocen detalladamente los intrínsecos y recovecos estructurales que permiten ver cada fin de semana multitud de encuentros en cualquier parte de España. El fútbol español desde que en los primeros años de pasado siglo empezó a estructurase mediante reducidas asociaciones y posteriormente federaciones regionales, siempre ha estado rodeado de un halo de amateurismo el cual mal conducido en muchas ocasiones ha terminado por llevar a muchos clubs a un callejón sin salida.

Ya en sus orígenes muchas sociedades bien pronto desaparecieron o tuvieron que fusionarse con otras para dar continuidad a sus proyectos ante la falta de caudal económico con el cual mantenerse, surgiendo distintos modelos de gestión, unos más prácticos que otros y en su mayoría unipersonales gracias al empeño y dedicación de grandes potentados que ponían de su bolsillo lo que otros no tenían. Por si faltara poco, en plena década de los años veinte los jugadores reivindicaron su trozo de pastel y conscientes de que ellos eran los protagonistas principales, empezaron a demandar grandes cantidades para prestar sus servicios al mejor postor. El fútbol crecía, nacía la Liga y los desplazamientos gracias a los medios de transporte cada vez eran más largos y más rápidos, aumentando considerablemente los presupuestos de las sociedades que peleaban entre sí para conseguir los favores de los mejores. Este modelo funcionó durante muchos años sin apenas variar y, aunque hubo algún intento entre bastidores hacia 1936 para convertir a los principales clubs en sociedades anónimas deportivas, estos no cuajaron por una serie de motivos u otros. En medio de esta dinámica llegó la guerra y pasó esta, instaurándose un nuevo modelo deportivo por parte del Gobierno que abogaba por la defensa del deporte como bien cultural que enriquecía el alma y el espíritu. Sin embargo, el estamento futbolístico parecía ajeno a estas inquietudes espirituales y tras un breve respeto inicial, de inmediato la cotización de los jugadores empezó a dispararse e incrementarse de nuevo los gastos de las sociedades.

Los clubs debían de presentar cuentas y hacer muchos números para sobrevivir en un mundo que crecía muy rápido y que en los años cincuenta trajo la permisividad de incorporar jugadores extranjeros. No valía ya solo con los de aquí, sino que se daba rienda suelta a incorporar libremente a futbolistas foráneos, hecho que beneficiaba a los más poderosos en detrimento de los débiles. Las grandes sociedades se lanzaron a por la captura del extranjero que sobresalía entre todos y era difícil de encontrar en el mercado nacional, teniendo que hacer cábalas para cuadrar los presupuestos y así poder permitirse tales dispendios. Lo que fue una actividad asidua para los clubs con más posibilidades, de repente se convirtió en una moda para todos y cualquier club de Primera División podía fichar a su extranjero de turno, primero uno, luego dos y más adelante varios.

Muchas sociedades podían hacer frente a estos gastos, había que viajar al resto de Europa para jugar competiciones internacionales si se era un grande y a pesar de que en muchas ocasiones tales torneos proporcionaban más dispendios que ingresos, nadie renunciaba a ellos. A menor escala sucedía lo mismo y los clubs clasificables como del montón, en arreglo a sus posibilidades actuaban con similar talante, intentando hacer grandes fichajes para atraer aficionados y aumentar teóricamente su nivel deportivo. Sin embargo en muchas ocasiones no sucedía ni una cosa ni otra y los clubs perdían grandes cantidades de dinero cuando no descendían a la categoría inmediatamente inferior o incluso arruinados tenían que desaparecer y comenzar de nuevo.

Las sociedades de fútbol en especial eran de entre todas las deportivas las que más deudas acumulaban, existiendo clubs con patrimonios en el filo de la navaja y abocadas al desastre de no tomarse serias medidas y éstas, tras muchos años en lista de espera, por fin llegaron. En el año 1989 el Gobierno lanzó un proyecto que a su entender iba a dar solución a todos los males que aquejaban al deporte español y sobre todo al fútbol, un trabajo legislativo meticuloso con todos los aspectos del ámbito deportivo que protegía desde el más insignificante escolar hasta al más rutilante profesional, pasando por aficionados, universitarios y centros de alto rendimiento. Era un proyecto moderno que sustituía al anterior Plan de Saneamiento de 1985 que había resultado un fracaso absoluto y que en vez de mejorar la situación económica de los clubs, la había empeorado drásticamente.

La prensa pronto se dedicó a este proyecto para descubrir en qué podía afectar a los clubs de fútbol y qué pasaría en el futuro con ellos, publicando cientos de artículos en los que se recogían testimonios tanto de gobernantes como de directivos, destacando sobre todo el tema de la conversión en Sociedades Anónimas Deportivas, una idea no del momento, sino aparcada desde hacía casi sesenta años. Desde los clubs, las opiniones fluían desde quienes lo aceptaban por ver una salida a sus problemas hasta quienes lo rechazaban de pleno por limitar su radio de acción, mientras que entre los políticos artífices de la propuesta algunos como el Secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez-Navarro, apostaba incluso por cerrar la Liga a cal y canto al más puro estilo NBA estadounidense y convertir a las sociedades de élite en franquicias.

Pero, ¿en qué consistía este proyecto de Ley que se aprobó en Consejo de Ministros el 5 de mayo de 1989 y que esperaba ser refrendado en las Cortes? Básicamente se reducía a modificar el régimen asociativo del deporte, la conversión de los clubs profesionales en SAD con un plan incluido de saneamiento de los 172 millones de euros que se debían entre todos, el cambio de régimen jurídico de las distintas Federaciones Españolas en cada una de sus modalidades, el apoyo a los deportistas de alto nivel, la creación de una Comisión Nacional Antidopaje, unas bases de Régimen Disciplinario Deportivo, la regulación de las titulaciones deportivas y la toma de medidas preventivas para frenar la violencia en el deporte. Era sin duda un plan ambicioso que fomentaba la creación de clubs elementales y en el caso de los profesionales se les atribuía una responsabilidad jurídica y económica de la que anteriormente carecían, palpable causa del colapso financiero.

Este proyecto, interrumpido por la disolución del Parlamento a causa de las elecciones legislativas del 29 de octubre de 1989, fue retomado el 12 de enero de 1990 y tras un tiempo de estudio aprobado en las Cortes Generales el 27 de septiembre, entrando en vigor con el título de Ley 10/1990 de 15 de octubre. La Administración se negaba tajantemente a condonar las deudas que se le debían, alrededor de noventa y seis millones de euros, y propuso como medio de pago derivar un porcentaje en torno al siete y medio por ciento de las recaudaciones quinielísticas hacia los clubs para que estos pudieran aliviar esta elevada cifra, una cantidad que venía a sumarse al uno por ciento que ya percibían. El primer paso estaba dado, pero faltaba concretar lo acordado y ponerlo en práctica, un proceso más complejo que la elaboración legislativa y que iba a dar muchos quebraderos de cabeza. Abierto el proceso de transformación de los clubs deportivos para aquellos que no habían presentado beneficios en las últimas tres temporadas, cuatro sociedades quedaban excluidas de este obligado trámite por sus cifras positivas, a saber, Real Madrid C.F., F.C. Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna. Tal y como anunciaba la Ley, la primera fase para la conversión de los clubs en SAD era la constitución de una comisión mixta entre el CSD y la LPF, paso que debía refrendar previamente el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, pero las previsiones no se cumplieron según lo planificado y con más lentitud de la prevista se retrasó hasta el 5 de julio de 1991. El 31 de julio quedó definida la Comisión Mixta y tal como se anunció, quedaba compuesta por cuatro miembros de la LFP, cuatro de la Administración y un presidente elegido por el CSD. El decreto no venía sólo y consigo establecía que los cuatro clubs exentos de conversión deberían de avalar el quince por ciento de sus respectivos presupuestos para garantizar al menos el pago de cualquier déficit que pudiera producirse al final de la temporada, no entrando además en vigor hasta el 1 de julio de 1992. En cuanto al resto, aquellos que en las cinco últimas campañas habían presentado números rojos, quedaban obligados a convertirse en SAD si deseaban seguir compitiendo en Primera y Segunda División A.

El Plan de Saneamiento que había empezado a recaudar las deudas contraídas antes de proceder con la conversión en SAD, fijando como último día de plazo admisible el 31 de julio de 1991, pospuso esta fecha hasta el 2 de agosto para completar a todas las sociedades, siendo los principales acreedores estatales Hacienda, Seguridad Social y Banco Hipotecario. Una vez subsanadas estas cantidades los clubs debían de inscribirse si así lo deseaban (caso contrario estaban condenados a descender a Segunda División B), a la reconversión y transmitir su deseo a la Comisión Mixta para que esta realizara una auditoría y estableciera las condiciones necesarias para efectuar el proceso de transformación. En septiembre de 1991 fueron publicadas estas condiciones y cada uno de los clubs fue auditado en su patrimonio, estableciéndose unas cantidades mínimas para poder fijar el capital mínimo de cada sociedad como paso previo a la transformación en SAD. Dicho capital sería el cincuenta por ciento de la media de los gastos efectuados en los tres últimos ejercicios, incluidas las amortizaciones en el caso de haberlas y en base a los datos extraídos de los informes anuales de los auditores, haciéndose hincapié en que aquellas sociedades que se estrenasen en categoría profesional, este capital mínimo exigible sería igual al veinticinco por ciento de todos los gastos efectuados, amortizaciones igualmente incluidas.

Este proceso debía de estar cumplido con fecha límite 30 de junio de 1992 en vistas a que la temporada 92/93 comenzase con todos los clubs implicados en Liga Profesional a punto y en función a ello fueron determinados los siguientes capitales:

HF SAD Luces sombras 1

Pero, ¿qué era convertirse en SAD y qué cambios comportaba? Lo primero que le viene a uno a la mente es una inevitable comparación con una sociedad anónima al uso, algo conocido por todos y que se suele aplicar a las empresas. Sí, ¿y una SAD? Una SAD es una variante de SA que comparte la mayor parte de sus características, es decir, es una sociedad de responsabilidad limitada, de carácter mercantil, cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones y quienes no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado. Además de estas coincidencias con las SA tradicionales, la SAD contiene otra particularidad que la hace diferente como es el obligatorio cumplimiento y sometimiento por parte de aquellas sociedades deportivas profesionales. En cuanto a los cambios eran evidentes y la figura consagrada del socio desaparecía, teniendo este la oportunidad de transformarse en accionista o en su defecto en abonado, un escalafón notablemente inferior.

La Administración no era ajena a los cambios que se iban a producir y para evitar que las acciones fuesen a parar a manos de una o pocas manos, trazó un plan con varias premisas para que todo fuese repartido. Las acciones debían de ser nominativas y con un valor máximo de sesenta euros, el número de acciones debía ser igual al número de socios existentes en el instante de ser emitidas a la venta o bien a un múltiplo entero de estas. Ninguno de los futuros accionistas podía adquirir más del uno por ciento del capital fijado y no habría reparto de beneficios hasta no haberse alcanzado una cantidad igual o superior a la mitad de la media de los dispendios realizados en los tres últimos años. La SAD debía de ser gestionada por un Consejo de Administración constituido por siete miembros, optando a ingresar en este órgano personas sin antecedentes penales, no sancionados por abuso de autoridad o bien que demostrasen buena fe y ningún deseo de vulnerar la normativa deportiva. Los miembros del Consejo además estaban obligados a reunir de forma mancomunada una fianza mediante aval, hipoteca o cualquier garantía suficiente a la que recurrir en caso extremo, formalizándose esta ante la LFP y a favor de aquellas personas o entidades que pudiesen ejercer tal responsabilidad. Cualquier cambio en el presupuesto anual debía de contar con la aprobación de los accionistas y los préstamos realizados por estos a favor de la SAD no podían ser reclamados a no ser que hubiesen beneficios en la fecha de vencimiento del último ejercicio. Con esta medida se pretendía que gran parte de las acciones cayesen bajo poder de un solo individuo o empresa, siendo custodio de todo este proceso la Comisión Mixta, quien se reservaba el derecho de intervenir en caso de apreciar graves alteraciones.

El desarrollo de la temporada 91/92 fue todo un calvario para muchos clubs, pues a la competición deportiva se les sumaba otro tipo de competición, el de la lucha contra el tiempo para llegar con los deberes hechos al 30 de junio de 1992, dos frentes abiertos que no fueron solventados por igual en todos los casos y que hicieron sudar a más de uno, existiendo sociedades que prontamente dieron carpetazo al asunto tras presentar avales de sus socios con menos problemas de los medianamente previsibles, caso de: Valencia C.F., Real C.D. Español, Albacete Balompié, C.D. Logroñés, Real C.D. de La Coruña, Real Racing C. de Santander, C.D. Tenerife ó Real Sociedad de Fútbol; mientras otros tuvieron que recurrir a entidades públicas o bien a empresas como último recurso, caso de: Club Atlético de Madrid, Cte. d’E. Sabadell F.C., U.E. Figueres, Real Betis Balompié, C.D. Castellón, Real Zaragoza C.D. ó Real Valladolid Deportivo. Algunos de ellos incluso llegaron a punto de sonar las primeras campanas como el propio Club Atlético de Madrid con Jesús Gil y Enrique Cerezo al frente, el C.D. Logroñés con Marcos Eguiazábal, el Real Betis Balompié con Manuel Ruiz de Lopera, el Real Sporting de Gijón avalado por el Ayuntamiento, el Real Burgos C.F. también por el máximo órgano local, la U.D. Las Palmas por el Cabildo Insular, siendo los más espectaculares Manuel Irigoyen con el Cádiz C.F. y José María Ruiz Mateos con la A.D. Rayo Vallecano, quienes se presentaron a punto de ingerir la última uva. Otras sociedades fueron menos afortunadas y no consiguieron los avales, como el Real Murcia C.F. que se convirtió en la primera víctima de la nueva Ley y descendió a Segunda División B al no reunir la cantidad exigida siendo sustituido por el Sestao Sport Club ó el C.D. Málaga, que además de no poder hacer frente a estos requisitos, había descendido deportivamente a la categoría de bronce en medio de una crisis espantosa de la que no se recuperaría para desaparecer. Y hasta aquí llegaron los hechos.

Luego vino la realidad, la triste realidad. El fútbol español y con éste el europeo, en los primeros años de la década de los años noventa se vería inmerso en una evolución continua que depararía en 1992 la creación de la Liga de Campeones de UEFA, conocida popularmente como Champions League, la antigua Copa de Europa para clubs con un nuevo formato mucho más atractivo que el anterior dotado de eliminatorias directas y que iba a convertirse en toda una revolución. Antiguamente reservado para los campeones de Liga, de repente daba cabida a clubs que no reunían este requisito y que gracias a un ventajoso sistema de retribuciones económicas por objetivos conseguidos, luchaban temporada tras temporada por colarse en dicho torneo. El cambio de mentalidad fue radical y todos los clubs europeos empezaron a desear conseguir una plaza, invirtiendo grandes cantidades de dinero por hacerse con los mejores jugadores para tener opción a entrar en el grupo de los elegidos. Los clubs españoles no se mantuvieron ajenos a esta tendencia y la llegada de jugadores extranjeros se convirtió en masiva, mientras paralelamente los clubs de Segunda División A peleaban como nunca para acceder a Primera División como panacea de sus sueños. Los clubs convertidos en SAD parecieron olvidar sus compromisos con la Ley y arrastrados por el empuje que se vivía en el momento incrementaron sus presupuestos, mientras sus ingresos no corrían en el mismo sentido ni con la misma velocidad. Magnates procedentes de distintos campos y que en ocasiones surgían de la nada, parecieron rociarse con estos efluvios grandilocuentes e inmersos en una vorágine de crecimiento con pies de barro, en ocasiones apoyados por instituciones públicas que se veían contagiadas en sus excesos a cambio de pasajeras presencias en la cumbre, alcanzaron primero el cielo para a continuación caer en el estrépito. Sociedades convertidas a éste nuevo tipo de mercantil en 1992 como el Sestao Sport Club SAD, Real Burgos C.F. SAD, Club Atlético de Marbella SAD ó C.P. Mérida SAD, fueron cayendo lentamente hasta quedar liquidadas o inactivas. El sistema parecía que era efectivo para controlar los desmanes con la cartera, pero en realidad todo era un espejismo. Los clubs denominados grandes, siguieron con su política de grandes gastos y la llegada de nuevos directivos no invirtió en modo alguno el control del gasto, más bien sucedió todo lo contrario pues Real Madrid C.F., F.C. Barcelona, Valencia C.F. SAD o Club Atlético de Madrid SAD pasaron a multiplicar su deuda por varias cifras ante la pasmosa pasividad de instituciones y Administración.

Nadie era capaz de frenar, controlar o sancionar el desenfreno y nadie se atrevía si quiera a ponerle el cascabel al gato pese a lo que la Ley decía, por temor a la opinión pública y a las consecuencias que una decisión de cualquier tipo, por razonada y fundada que esta fuese, pudiera ocasionar entre la sociedad pública. Los números negativos crecían a marchas forzadas cada temporada y algunos clubs se vieron inmersos en deudas astronómicas que hipotecaban su futuro durante varios años vista. Así pues, nuevos clubs convertidos en SAD tras su paso por LFP fueron cayendo en una espiral negativa de deudas que los instaló en una situación económica de quiebra técnica, por el que algunos de ellos fueron liquidados por orden judicial o bien sus proyectos deportivos quedaron en el más absoluto abandono, casos de: SD Compostela SAD, Granada 74 SAD (anteriormente conocido como C.F. Ciudad de Murcia SAD), C.D. Logroñés SAD, Terrassa F.C. SAD, U.E. Miapuesta SAD (anteriormente conocido como U.E. Figueres SAD); ó más recientemente caso del C.F. Extremadura SAD ó el Lorca Deportiva C.F. SAD esta misma temporada.

En el año 2010 se estimaba la deuda total del los clubs españoles en cerca de cuatro mil millones de euros, una cantidad casi cuarenta veces superior a la que en 1991 trajo consigo la transformación de los clubs en SAD e inimaginable sin duda para aquellos visionarios que hace veinte años hablaban de una Liga cerrada, de unos clubs cotizando en Bolsa y de unos beneficios netos de muchos millones de euros. Nada más lejos de la realidad. Ninguno de todos, ni los más proclives a ello, ha osado en poner sus acciones en Bolsa y sociedades como el Real Madrid C.F. y el Valencia C.F. SAD adeudan más de quinientos millones, otra como el F.C. Barcelona se aproxima a estas cifras, el Club Atlético de Madrid SAD debe trescientos y más rezagados se encuentran Villarreal C.F. SAD, Real C.D. Espanyol de Barcelona SAD y Real C.D. de La Coruña SAD con algo más de ciento cincuenta.

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El fútbol español es hoy en día uno de los más endeudados del mundo y la conversión de los clubs en SAD, cuando tanto se esperaba de ella, se ha verificado como un rotundo y absoluto fracaso que no sólo no ha mejorado lo que había, sino que lo ha empeorado hasta consecuencias insospechadas. Urge una reconversión inminente que sea valiente, atrevida, seria e imaginativa para hacer que las SAD reemprendan el buen camino o bien encontrar una solución intermedia más exitosa para que cesen sus despropósitos financieros, pues la sociedad española en general, a pesar de que se beneficia de un espectáculo sin lugar a duda único, no tiene porqué pagar los actos irresponsables de gerentes de paso con mucho que ganar, poco que perder y nada que pagar.

© Vicent Masià. Abril 2011.

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