por Vicent Masià
La Segunda División B: una categoría maldita
Que la Segunda División B es la más castigada y menos rentable de todas las categorías del fútbol español, sin duda, es un hecho lamentable harto conocido a todos los niveles que a estas alturas no sorprende a nadie, pero que a los males ya tradicionales que rodean esta división se les unan otros por demérito federativo, es algo que colma un vaso de agua que de por sí muestra últimamente síntomas inequívocos de estar a punto de desbordar y superar sus propios límites.
A diferencia de las categorías enteramente profesionales como la Primera y Segunda División A donde las posibilidades de obtener ingresos de diversa índole son tangibles bien sea a través de publicidad estática en los estadios, por cauces televisivos a consecuencia de retransmisión de encuentros o por canales relacionados con los derechos de imagen, todos ellos sumamente importantes con los cuales se logra cubrir gran parte de muchos presupuestos, por contra a una inmensa mayoría de los clubs de Segunda División B la sangría económica que les supone el competir en una categoría plenamente deficitaria donde apenas se generan recursos sigue siendo un pesado handicap que el fútbol español en su globalidad no ha conseguido solventar adecuadamente puesto que apenas hay ingresos, las distancias geográficas a menudo son considerables, las taquillas paupérrimas por la común ausencia de aficionados en las gradas y los costes de las plantillas demasiado elevados.
Por si fuera poco a todos estos males hay que sumar los devaneos de numerosos directivos apostando por confeccionar presupuestos engañosos -generalmente fundamentados con pies de barro-, donde se fía una parte considerable de los mismos a poder reunir un dinero del cual no se dispone y donde se confía en recibir ayudas procedentes de diversas instituciones de origen local, provincial o regional que, generalmente, y más ahora en época de gran crisis, casi nunca llegan.
Esta forma de operar durante los últimos años ha conducido a muchos clubs tradicionalmente saneados a una situación desesperada en la cual las deudas no solo han empezado a aflorar, sino que se han disparado enormemente hasta alcanzar cotas que ponen pendientes de un hilo su propia continuidad.
Una de las partes más perjudicadas, principal damnificada y capítulo esencial en la estructura de los clubs suele ser siempre la plantilla de jugadores, puesto que ellos son quienes cuando no hay dinero en las arcas y después de haberse dejado la piel en los encuentros, verdadero campo de batalla donde se refleja el trabajo acumulado en los entrenamientos, a final de mes dejan de cobrar sus preceptivos salarios. En el mejor de los casos la falta de liquidez puede haber sido un caso puntual y durante cierto periodo de tiempo no se ha cobrado percibiéndose la nómina después de lo estipulado con un ligero retraso, pero en otros casos más preocupantes la incertidumbre se ha convertido en la tónica durante gran parte de la temporada y al final de esta, tras continuas quejas, tiras y afloja entre plantilla y directivos, cuando el torneo ha llegado a su fin todavía se les adeudan varias nóminas.
La RFEF y en especial la AFE, muy sensibilizada con los problemas que atañen a los futbolistas y sobre todo preocupada porque sus asociados dejen de cobrar lo estipulado en sus contratos con los clubs, han articulado durante los últimos años varias respuestas de defensa ante los clubs morosos en un intento justo de proteger a los jugadores, parte esencial en este deporte. El escaso éxito de algunas de estas iniciativas lleva sin embargo a que se reúnan varias instituciones y se estudie una vía alternativa que regule esta situación con el fin de darle una vuelta más a la tuerca, consensuándose la introducción de un sistema de avales que en teoría ha de permitir una adecuada planificación deportiva de los participantes y en definitiva una mayor responsabilidad en la gestión económica de los clubs de la categoría de bronce. La decisión final queda enmarcada en el artículo 105 del Reglamento General de la RFEF de la temporada 2011-2012, quedando bastante claro que no se pretende sancionar a los clubs morosos, sino asegurar que los participantes respeten las reglas de competición en donde es vital la responsabilidad económica.
Artículo 105: Obligaciones específicas de los clubes adscritos a Segunda División B
Los clubes que tomen parte en la Segunda División Nacional «B» y se encuentren en alguna de estas situaciones, deberán suscribir los siguientes avales, sin cuya entrega no serán admitidos en la competición.
a) Aquellos clubes que, en cualesquiera de las tres temporadas inmediatamente anteriores hayan tenido resoluciones de la Comisión Mixta, al menos en dos ocasiones, como consecuencia de deudas vencidas, exigibles y acordadas por este órgano o por los órganos jurisdiccionales federativos, por importe inferior a 100.000 euros (acumulables).
En estas situaciones, el importe del aval a suscribir será de 125.000 euros.
b) Aquellos clubes que, en cualesquiera de las tres temporadas inmediatamente anteriores hayan tenido resoluciones de la Comisión Mixta como consecuencia de deudas vencidas, exigibles y acordadas por este órgano o por los órganos jurisdiccionales federativos, por importe superior a 100.000 euros (acumulables).
En estas situaciones, el importe del aval a suscribir será de 200.000 euros.
c) Aquellos clubes que, en cualesquiera de las cinco temporadas inmediatamente anteriores hayan sido descendidos de categoría como consecuencia de deudas vencidas, exigibles y acordadas por la Comisión Mixta o por los órganos jurisdiccionales federativos.
En estas situaciones, el importe del aval a suscribir será de 400.000 euros, ello sin perjuicio del resto de obligaciones reglamentarias.
d) Aquellos clubes que la RFEF determine de forma motivada, cuando las circunstancias excepcionales así lo justifiquen. Los avales deberán ser entregados, bajo el modelo y la forma que se determine mediante circular, entre el 1 y el 5 de julio de cada temporada. Estos se configuran como un requisito de acceso o permanencia en la competición, por lo que la no suscripción de los mismos conllevará la no aceptación en la Segunda División Nacional «B», debiendo competir en la categoría inmediatamente inferior.
e) La Junta Directiva de la RFEF determinará el modo y forma en que se cubrirán las vacantes que se produzcan por las causas del presente artículo.
El Orihuela C.F. en la lista negra
A punto de finalizar la temporada la RFEF emite dos circulares que amplían el citado artículo 105, en concreto la nº49, fechada el 3 de mayo de 2012 y que hace referencia a las Normas para la suscripción de los avales en la Segunda División B, y la nº51, fechada el 7 de mayo de 2012 en donde se hace mención a los Clubes que deberán proceder a la suscripción de avales en la Segunda División B y la cantidad que corresponde a cada uno de ellos, siendo esta independiente a los pagos que se puedan exigir por impagos de la temporada (2011-2012), que también podrían derivar, llegado el caso, en el descenso administrativo de los clubes deudores.
El nombre del Orihuela C.F. figura en la lista federativa extendida en la circular nº51 como presagiaba su directiva, aunque esta deja transcurrir el tiempo como si no le afectara al entender que el máximo organismo nacional no les exigirá finalmente los 200.000 euros que se estipulan al ser vox populi que los oriolanos se encuentran bajo el amparo de la Ley Concursal desde finales de 2011 y que todo se debe a un mero formalismo.
Además, alega la directiva del conjunto escorpión en boca de Pablo Mancebo, que la posibilidad de realizar el depósito de 200.000 euros que exige la RFEF es imposible porque «nos dirían entonces que por qué estamos en concurso de acreedores si disponemos de esta cantidad», un paso que de cumplirse sería como infringir la Ley Concursal y cometer un delito.
Sin embargo a medida que pasan los días y se entra en la primera semana de julio, la demostrada tranquilidad inicial se convierte en preocupación cada vez más intensa al no producirse cambio alguno tras la publicación de la circular nº51 apenas un par de meses antes. La RFEF no se pone en contacto con el club amarillo y la Ley Concursal en la cual se haya inmerso el club no es óbice para que los designios federativos continúen su curso, temiéndose desde Los Arcos que el descenso a Tercera División, pese a todos los pesares, es inminente.
El club oriolano, en un último intento de evitar el descenso, remite al órgano federativo un documento en el cual se recomienda no llevar a efecto los actos derivados del castigo que supone aplicar la circular nº51, apuntando que el artículo 105 del Reglamento General está enfocado a los clubs morosos que no pagan, algo que entienden no sucede con el Orihuela C.F. que en las dos últimas temporadas ha mantenido al corriente sus pagos.
Jueves 5 de julio de 2012. El Orihuela C.F. es club de Tercera División
El 5 de julio a las 00:00 horas la RFEF no ha recibido el aval o depósito que se le exige al Orihuela C.F. para seguir en Segunda División B y el club alicantino pasa a ser considerado a partir de ese instante y a todos los efectos, club de Tercera División.
La junta directiva amarilla se haya muy afectada, aunque se adivina que en el fondo del túnel puede existir algo de luz dado que se conoce el precedente que ha sentado un juzgado jiennense con el Real Jaén C.F. SAD, un club que anda inmerso en Ley Concursal y cuyo caso es una copia del oriolano. Las circunstancias son prácticamente idénticas, por lo que la directiva espera que el auto del Juzgado de Primera Instancia nº4 y de Lo Mercantil de Jaén siente jurisprudencia al haber eximido a los jiennenses de depositar el aval de 200.000 euros acatando la RFEF tal decisión.
En la sede del club oriolano el presidente Antonio Felices trata de poner ese mismo día una denuncia ante el Juzgado de Lo Penal nº3 con sede en Elche, lugar desde donde se opera la Ley Concursal que envuelve a la entidad, pero el abogado del club aconseja hacerlo una vez efectuado y confirmado por escrito el descenso de categoría.
Viernes 6 de julio de 2012. Documento del administrador concursal para el magistrado
El administrador concursal, José Luis Ramos Fortea, no tarda en ponerse manos en la obra y el día 6 elabora un extenso documento mediante el cual se solicita al juez de Lo Mercantil que lo admita y acuerde mediante un auto varios puntos que supondrían la permanencia definitiva del club en Segunda División B para la temporada 2012-2013, todo ello claro está sin necesidad de presentar el aval federativo.
Ramos Fortea solicita al juez que deje sin efecto “la exigencia de la RFEF de presentación de aval por importe de 200.000 euros para participar en la temporada 2011-2012 en la Segunda División B”, además de otro punto de suma importancia como “ordenar a la RFEF para que en adelante, y en tanto no concluya el procedimiento concursal del Orihuela C.F., se abstenga de adoptar cualquier decisión, del tipo que fuere, respecto de la concursada y el depósito de aval”. Otro punto incide en “requerir a la RFEF para que ordene la inscripción del Orihuela C.F. en la competición de Segunda División B para la próxima temporada 2012-2013”, anunciando de igual forma que “el pago de los créditos a los jugadores pertenecientes al conjunto oriolano para la temporada 2012-2013 no queda al arbitrio o discrecionalidad de la directiva del club, sino que, para mayores garantías, tanta o más que el propio aval, queda sujeto al cumplimiento de la Ley Concursal”.
Ramos Fortea añade que el Orihuela C.F. “no cuenta con los recursos necesarios para solicitar y obtener un aval por importe de 200.000 euros para garantizar el pago de determinados créditos contra la masa como son los sueldos de jugadores y técnicos para la próxima temporada a prestar ante la RFEF” y que esta en realidad es una exigencia “que trastoca económicamente la propuesta de convenio, las posibilidades de pago a los restantes acreedores y la propia viabilidad del club”.
Martes 17 de julio de 2012. Habla el Juzgado
Todo el mundo en Orihuela esperaba una decisión similar a la adoptada por el Juzgado de Lo Mercantil nº4 de Jaén donde se eximía al Real Jaén C.F. SAD de depositar 200.000 euros, pero una cosa era lo que se deseaba y otra bien distinta la que se dictó. La decisión de Luís Seller Roca de Togores, magistrado titular del Juzgado de Lo Mercantil nº3 de Alicante, con sede en Elche, fue una sorpresa mayúscula que nadie imaginaba. En el auto se conmina tanto a la RFEF como al Orihuela C.F. a que se entiendan entre sí para solucionar el problema mientras determina que la reforma operada por la RFEF y orientada a la puesta en práctica del sistema de avales en Segunda División B:
“(…) no pretende sancionar al club moroso, sino asegurar que los competidores respeten las reglas de la competición entre las que se encuentra la de responsabilidad económica.
Las irresponsabilidades que en el pasado reciente (y en la actualidad) se han producido en la gestión de los clubs de fútbol han evidenciado un abuso que, con el pretexto de salvar la competición por acontecimientos sucedidos constante la temporada, ha beneficiado deportivamente a unos en perjuicio de otros. No se trata más que de una exigencia de la competición legítimamente establecida y advertida a los competidores.
(…) No debe de extrañarnos que, lo que naturalmente es vigente en cualquier actividad económica o lúdica, rija también en el deporte”.
Nada parecido hay en este auto a lo emitido en Jaén para el mismo asunto y para un club en las mismas condiciones que el oriolano. El desánimo cunde y solo cabe la posibilidad de recurrir la sentencia.
Martes 17 de julio de 2012. Habla la RFEF
El Director de los Servicios Jurídicos de la RFEF y abogado en la causa, Emilio García Silvero, manifiesta su “completa satisfacción por la resolución judicial, que valida una vez más el planteamiento de responsabilidad económica y de gestión iniciado en esta competición deportiva años atrás, y augura que en el futuro este novedoso sistema de avales en la Segunda División B redundará en el mejor funcionamiento de la categoría”.
Esta resolución judicial del Juzgado de Lo Mercantil de Alicante se suma a la dictada el lunes día 16 por el Juzgado de Lo Mercantil de Ciudad Real en la demanda promovida por el descendido C.D. Puertollano contra la RFEF, que igualmente valida el sistema de avales y la preeminencia de las normas competicionales deportivas frente a la Ley Concursal.
Ese mismo día y tras conocerse la solución del auto judicial, la RFEF ratificaba el descenso del Orihuela C.F. a Tercera División por no satisfacer el depósito de 200.000 euros, siendo poco tiempo después ocupada su plaza por el UCAM Murcia C.F. quien había depositado previamente en la sede federativa 190.000 euros para quedarse con ella.
Miércoles 1 de agosto de 2012. Segundo auto judicial
En las semanas posteriores al auto dictaminado el 17 de julio los constantes comentarios surgidos en la prensa regional y nacional acerca de la injusticia que estaba cometiendo la RFEF con uno de sus clubs asociados, el Orihuela C.F., que aún estando implicado en una Ley Concursal había sido descendido de categoría por no entregar un depósito de 200.000 euros, por lo visto curtieron efecto y dejaron su influencia en el titular del Juzgado de Lo Penal nº3 sito en Elche.
Tal vez la inexperiencia en estos temas y lo novedoso de una situación que nunca antes se había producido obligándose a un club en Ley Concursal a depositar una importante cantidad económica para seguir militando deportivamente en una categoría semiprofesional, o tal vez la existencia de un dictamen en Jaén en un caso totalmente idéntico donde la sentencia había sido completamente contraria a la tomada en Elche y que no se había tomado en cuenta, acabaron por sembrar muchas dudas en el juez Luís Seller Roca de Togores.
Fuese cual fuese la causa lo cierto es que algo pasó por la mente del magistrado puesto que el miércoles 1 de agosto y siendo el primer día del periodo vacacional en el juzgado -un mes inhábil-, el titular alicantino rompía su tiempo de reposo y se desdecía de lo sentenciado el 17 de julio con un nuevo auto, el segundo en el mismo caso, haciendo saber al club y a la RFEF que el Orihuela C.F. debía ser readmitido en Segunda División B.
El respaldo del magistrado hacia el club y no hacia la RFEF como se interpretaba en la alegación anterior que dejaba el destino del Orihuela C.F. en manos federativas daba la vuelta a la tortilla, máxime cuando el magistrado subrayaba que “el patrimonio de la entidad en concurso es competencia del juez del concurso”, mientras el club oriolano recalcaba que “el único patrimonio que tiene es su permanencia en esta categoría de fútbol”. Como es sabido el club no tiene en propiedad el estadio municipal de Los Arcos y en esos precisos instantes solo tiene en nómina a dos jugadores en plantilla para competir la próxima temporada 2012-2013.
La pelota pasa a estar en el tejado de la RFEF
Esta segunda alegación pilla por sorpresa a la RFEF quien creía que todo había acabado el 17 de julio con el primer auto. De repente tiene sobre su mesa una patata caliente difícil de digerir puesto que un juzgado ha deliberado en su contra, un club modesto le ha lanzado un órdago y la prensa parece decantarse a favor del club y no de la Federación.
La directiva oriolana que encabeza Antonio Felices sabe que tiene una carta ganadora y juega todas sus bazas tratando que la RFEF se atienda a razones y cambie su intención inicial de no readmitir al club en Segunda División B, el lugar que le corresponde. El Orihuela C.F. pasa al ataque y aunque sabe que su situación de enfrentamiento con la RFEF va a ser muy difícil y desconoce cómo va a terminar, comunica abiertamente a la Federación que en caso de no ser readmitido llevará su causa a un tribunal de rango superior y demandará la paralización del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B, además de una compensación económica millonaria en contraprestación por el daño deportivo y moral que ha sufrido el club por todo lo acontecido.
El Orihuela C.F. sabe que no puede ir solo ante la RFEF y busca el apoyo de su protector directo, la Federación Valenciana, contando de inmediato con la adhesión del organismo federativo que entiende que la RFEF no ha actuado correctamente con su asociado. El club alicantino emplea a la FFCV como interlocutor para interceder en Las Rozas, sede del organismo nacional, pero el tiempo pasa y no hay respuesta.
La inmediatez del inicio del Campeonato, 26 de agosto, apremia al club oriolano quien conoce que una impugnación del auto judicial por parte de la RFEF puede alargar cualquier decisión varios meses y meterse en mitad del torneo con su futuro por resolverse. Antonio Felices hace todo lo posible e imposible porque la RFEF le atienda y readmita al club, pero ante la rotunda negativa del presidente federativo Ángel María Villar de escucharle, la única respuesta federativa que obtiene es vaga y llega de Jorge Vaquero, miembro del Gabinete Jurídico de la RFEF, quien comunica que la situación del Orihuela C.F. es incierta, que todavía la RFEF está deliberando con el segundo auto judicial y que el club alicantino no es de Segunda División B ni de Tercera División. Increíble.
Huelga de hambre de la directiva oriolana
La directiva del Orihuela C.F. que preside Antonio Felices, harta del trato despectivo que sufre por parte de la Federación, se presenta la mañana del 14 de agosto en la sede de la RFEF con un notario para exigir que se cumpla la sentencia del Juzgado de Lo Mercantil nº3 de Elche, dictada el 1 de agosto, según la cual el Orihuela C.F. debe ser readmitido en Segunda División B tras haber sido descendido el 5 de julio por no presentar el aval exigido de 200.000 euros.
Los oriolanos pretenden dar un golpe de efecto y piden autorización para acampar junto a la sede federativa con la finalidad de ser escuchados puesto que nadie les recibe ni les presta atención, pero el Ayuntamiento de Las Rozas, municipio madrileño donde reside el máximo organismo, se lo deniega.
Cabizbajos y sin haber conseguido su objetivo, los directivos regresan a Orihuela y esa misma noche proceden ante los medios de comunicación a empezar un encierro en Los Arcos declarándose en huelga de hambre en protesta por la desatención federativa, contundente iniciativa a la que suman varios aficionados del club escorpión. En los días posteriores el alcalde oriolano Monserrate Guillén se presenta en el estadio y tras reunirse con los huelguistas, confirma su apoyo al club y a tratar de contactar con la RFEF para conseguir que el club sea readmitido.
Recurso de Alzada ante el CSD
El jueves día 16 el Orihuela C.F. presenta en Madrid un Recurso de Alzada ante el CSD para evitar que se agote la vía administrativa en su demanda para jugar durante la temporada 2012-2013 en Segunda División B. Esta decisión es promovida por la abogacía del club puesto que se considera, según el cariz que están adquiriendo los acontecimientos, es el juez de conflictos jurisdiccionales quien debe resolver el choque que existe entre la norma administrativa, que es la que alega la RFEF en su artículo 105, y la norma concursal, que es la defendida por el juzgado y sentencia que el sitio del club oriolano es la categoría de bronce.
Respaldo del Ayuntamiento orcelitano
El ayuntamiento oriolano elabora un escrito dirigido al presidente de la RFEF, Ángel María Villar, que recoge entre otros puntos la siguiente manifestación: “Rogamos a la RFEF y especialmente a su presidente, el Sr. Villar, que atienda a las circunstancias particulares que han llevado al descenso del Orihuela C.F. y someta a nueva consideración el hecho de que no es por razones estrictamente deportivas y pensamos que son éstas, y no otras, las que deben importar”, añadiendo además que con el proceder de la RFEF “se perjudica a nuestra ciudad, a su proyección turística y económica y la relega injustamente a una categoría inferior, tirando por tierra el esfuerzo y la ilusión colectiva de las dos últimas temporadas, así como la movilización social y comercial que ha supuesto el trabajo de este club”.
22 de agosto de 2012. Fin de la huelga y recepción de una comisión en la sede de la RFEF
El 21 de agosto tras más de un mes sin tener noticias de la RFEF y después de una semana de duro ayuno, el presidente de la FFCV, Vicente Muñoz, consigue interceder al fin con la RFEF para que su presidente, Ángel María Villar, disponga al fin recibir en la sede de Las Rozas a una comisión representativa de los oriolanos. La fecha elegida es el miércoles 22 y la hora las 17 de la tarde. En esta comisión se cuenta en principio con la alcaldesa oriolana en funciones, Antonia Moreno, con el diputado autonómico Andrés Ballester y con un debilitado Antonio Felices, presidente del Orihuela C.F. que acaba de concluir una huelga de hambre al serle comunicado que será escuchado en Madrid. Sin embargo los médicos desaconsejan al mandatario orcelitano viajar por su estado de salud y la comisión queda reducida a dos personas.
En la reunión celebrada en Las Rozas ambas partes defienden su postura aunque mitigan los roces y reconocen el revuelo alcanzado a nivel nacional por la causa oriolana. Todo el mundo deportivo está pendiente de lo que pueda surgir en el encuentro y tras varias horas de conversación todos manifiestan que lo deportivo debe prevalecer. Al mismo tiempo y en lugar preferente, Ángel María Villar se compromete a acatar lo que dictamine el magistrado titular del Juzgado de Lo Mercantil nº3 alicantino, entendiendo que la Ley Concursal prevalece sobre la Ley Administrativa promulgada en el Reglamento General de la RFEF y no al revés.
El Orihuela C.F. en Tercera División
En medio de tan esperpéntica situación extradeportiva que suma más de mes y medio de intensa controversia y donde los intereses de unos y otros esperan encontrar una resolución judicial definitiva, el conjunto oriolano ha de cumplir con su nuevo estatus deportivo tomado el 17 de julio y prepara una nueva plantilla a marchas forzadas con un mínimo de opciones de ascenso después de haber perdido prácticamente a casi todos los jugadores de la temporada anterior quienes, ante lo incierto de su futuro deportivo, lógicamente se han buscado la vida en otros lares.
Los escorpiones contratan al técnico Sergio Inclán para conducirles en Tercera División en un campeonato que se sabe cuándo comienza pero no cuándo acabará, estrenándose el domingo 26 de agosto en la primera jornada de la temporada 2012-2013 en casa del C.D. Eldense donde cosechan un empate a cero tantos. Mientras se esperan noticias procedentes del Juzgado, el domingo 2 de septiembre se derrota en la segunda jornada al Catarroja C.F. en Los Arcos tras imponerse por 1-0.
El Juzgado de Lo Penal nº3 de Elche obliga a la RFEF a readmitir al Orihuela C.F.
Estando los oriolanos preparando el encuentro de la tercera jornada, el miércoles 5 de septiembre y después de haber concluido el periodo vacacional tomado por miembros del Juzgado de Lo Penal nº3 de Alicante con sede en Elche, Luís Seller Roca de Togores, magistrado titular del mismo, dicta un nuevo auto ante el recurso solicitado por el Orihuela C.F. tras el que ordena a la RFEF readmitir de forma inmediata al club de la Vega Baja en la categoría de bronce del fútbol español.
La parte dispositiva de la resolución judicial que obliga a la Federación Española a devolver al Orihuela C.F. a Segunda División B dice textualmente: “Se comunica a la RFEF que los acuerdos adoptados por los que se requiere al Orihuela C.F. a la prestación de aval para poder participar en la temporada 2012-2013 en la Segunda División Nacional B, son contrarios tanto al artículo 8.4 como al artículo 43.2 de la Ley Concursal, siendo competencia del juez del concurso su exigencia o, en su defecto, autorización que no ha sido solicitada”.
Asimismo, añade que “las consecuencias derivadas de lo anterior, en especial la denegación de acceso a la categoría de Segunda División B, son igualmente contrarias a la norma concursal. Es por ello, que se requiere a la RFEF para que, de acuerdo con lo expresado en los fundamentos jurídicos de esta resolución y en esta parte dispositiva, proceda de manera inmediata a adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto los acuerdos de requerimiento de aval y especialmente el de 17 de julio de 2012 por el que se deniega el acceso a la categoría de Segunda División B al Orihuela C.F. para la temporada 2012-2013″.
Este tercer auto desde el juzgado alicantino es la sentencia definitiva que quiere oir el club oriolano puesto que supone su victoria final y ver reconocida su verdad en un caso injusto para sus intereses que adquirió tintes muy negros nada más conocerse y que de haber tomado otro sentido, quizás hubiese herido de muerte su continuidad en el fútbol español.
Al mismo tiempo se ve recompensada en parte la lucha mantenida con la RFEF, institución que restó importancia a la queja oriolana y que en un exceso de confianza en sus funciones entendió que las normas administrativas del organismo federativo estaban por encima de las concursales, extralimitándose en su cometido.
El Orihuela C.F. podrá manifestar en el futuro que es el único club español que en una misma temporada ha disputado dos encuentros legales en Tercera División y cuarenta y dos en Segunda División B, caso inédito desde que se crease la Liga en la campaña 1928-1929.
Consecuencias en el Grupo VI de Tercera División tras el rescate del Orihuela C.F.
Después de la resolución acordada por el Juzgado de Lo Mercantil número 3 de Elche y los efectos que se producen en orden a la recuperación de la categoría por parte del Orihuela C.F. en Segunda División B, esta medida supone el cese de su participación en el Grupo VI de Tercera División -aún habiendo disputado ya dos jornadas en dicha categoría-, sin que por parte de la RFEF se acepte que la vacante producida en el Grupo VI sea ocupada por otro club, quedando dicho grupo con un total de 21 representantes en lugar de los 22 iniciales. Como reglamentariamente no existe una normativa específica que contemple el supuesto presentado y por tanto existe una laguna legal que no puede impedir a los órganos jurisdiccionales y federativos dejar incompleta o inconclusa la competición, la Federación Valenciana debe por tanto determinar qué sucede con los dos encuentros disputados por el Orihuela C.F. dentro de su grupo de competencia, el VI.
Para ello se acude a la analogía y a los principios de justicia, equidad y ‘pro competitione’, y en aplicación de los mismos procede dejar sin efecto ambos encuentros y entender que se continúa la competición con 21 clubs, descansando cada jornada el club que debería haberse enfrentado con el Orihuela C.F. de no haberse producido todos estos hechos. Es decir, el Grupo VI queda adulterado para lo que resta de temporada según el planteamiento inicial al perder uno de sus participantes, aunque como mal menor el perjuicio no es demasiado grande y por fortuna la decisión federativa llega pronto cuando tan solo se han disputado dos jornadas. De haberse disputado una decena o más los daños serían mucho más significativos.
Consecuencias para el Orihuela C.F.
La decisión tomada por parte de la RFEF de dejar fuera de la Segunda División B al Orihuela C.F. acarrea a este club una serie de perjuicios directos que afectan a su futuro más inmediato y que condicionan su participación primero en Tercera División y a continuación en Segunda División B al ser readmitido una vez iniciado el torneo.
De este modo nos encontramos que:
a) La exclusión del Grupo III de Segunda División B en plena pretemporada espanta a la plantilla del club alicantino quienes saben que, en el mejor de los casos y si se alcanza, una posible solución vendrá una vez empezada la campaña 2012-2013 a sabiendas de que un jugador siempre procura tener cerrado un contrato antes de dar inicio esta.
b) La directiva del club afectado ve interrumpido el ritmo normal de trabajo y de repente este no es tramitar bajas o altas de jugadores, sino luchar por recuperar una categoría que unos días antes tenía y ahora ya no teniendo que multiplicar esfuerzos en reivindicar la razón del club y argumentar el equívoco de la RFEF.
c) El club ha de entrar en pleitos legales obligando a la justicia a tomar parte, un recurso necesario en este caso en concreto pero que a nadie agrada tomar a pesar de andar cargado de razón, menos aún cuando se trata de denunciar a la máxima autoridad en fútbol dentro de España, la RFEF.
d) El club se ve implicado en mantener un mano a mano con la RFEF lanzándole un órdago en toda la regla del cual no sabe cómo va a salir parado, una decisión que puede acarrearle serias consecuencias.
e) El Orihuela C.F. a medida que avanzan los días de pretemporada, debido a su situación, no sabe si ha de fichar jugadores para jugar en Segunda División B o en Tercera División. Esta indefinición provoca que muchos jugadores apalabrados no estampen su firma con los escorpiones y otros rehuyan negociar.
f) El club tampoco sabe qué presupuesto va a tener, cuáles han de ser sus partidas financieras, ni qué puede cobrar a los posibles sponsors que puedan surgir.
g) Los posibles inversores en hacerse cargo del club, -al menos cinco son las propuestas que reciben desde el extranjero y una de ellas procedente de un grupo holandés muy interesante que promete incorporar jugadores de la Primera División de aquel país-, exigen que solo negociarán su implicación en el caso que el club permanezca en Segunda División B. La intervención federativa rompe cualquier atisbo de que se alcance cualquier acuerdo.
h) La Federación Valenciana ha de confeccionar un calendario para el Grupo VI con 22 clubs. Una vez iniciado el campeonato y transcurridas dos jornadas ha de cancelarlo y modificar el existente adulterando el desarrollo de toda la temporada.
i) La RFEF confecciona un calendario para los 4 grupos de Segunda División B con 20 participantes en cada uno de ellos. Una vez empezado el torneo y transcurridas dos jornadas ha de modificar el del Grupo III e incluir un vigésimo primer club, algo que adultera la competición y perjudica al resto de competidores que han de sumar más dinero en gastos.
j) El Orihuela C.F. confecciona una plantilla para participar en Tercera División. Una vez readmitido en Segunda División B tendrá muchos más problemas para mantenerse o aspirar a un posible ascenso que de haber mantenido la plantilla anterior. Un daño incuestionable e irremediable.
k) La posibilidad de contar con un número concreto de abonados en Segunda División B no es igual a la convocatoria que provoca la Tercera División, una categoría mucho menos atractiva para el aficionado.
l) El daño moral causado al Orihuela C.F. es mayúsculo por cuando otro club federado en idéntica situación como es el Real Jaén C.F. SAD no es tratado del mismo modo por la RFEF, al igual que al dependiente racinguista Real Racing Club B se le permite adquirir mediante el abono de 190.000 euros una de las plazas libres en la categoría de bronce estando la entidad cántabra sumida en Ley Concursal, con lo cual se desprende y puede interpretarse que se permiten tratos de favor hacia unos clubs respecto de otros saliendo claramente perjudicados los intereses oriolanos tanto en cuando el Reglamento General debe ser igual para todos los asociados, sin distinciones.
Como indica Javier Tébar, experto en Ley Concursal, “la decisión de normas o reglamento de juego de la Federación no pueden estar por encima de las leyes civiles que vulneren, además, a una entidad, sus acreedores y al propio juez auditor”.
Consecuencias para la RFEF
Aunque la RFEF sea un gigante en comparación a una entidad tan humilde como el Orihuela C.F. y todo lo sucedido en referencia a este caso pueda ser sujeto a cualquier tipo de interpretación, lo bien cierto es que el pulso mantenido entre oriolanos y federativos, o lo que es lo mismo, entre un empleado y su patrono, con la ley en la mano y desde el primer instante todo tenía visos de terminar como ha concluido; saliendo vencedor el club y derrotada la Federación, aunque el precio pagado por los de la Vega Baja ha sido muy alto.
La situación del fútbol español y en especial la de los clubs enrolados en Segunda División B no está para florituras y a pesar de la buena intencionalidad federativa para corregir y encauzar un problema gravísimo como es el impago de muchos clubs con sus plantillas profesionales, algo muy loable y sin duda necesario, lo cierto es que antes de aplicarse contundentemente un artículo registrado en el Reglamento General, por muy obligado e importante que sea este, es muchísimo más importante conocerse las leyes que rigen este país y saber a quién se pueden aplicar y a quién no antes de iniciar cualquier proceso.
En toda esta historia el principal perjudicado y que no le quepa la menor duda al lector, pese a haber salido vencedor ha sido el club alicantino quien ha sido sometido a un auténtico calvario cuando había cumplido con su deber de tener al corriente sus pagos y cumplir con los dictámenes de la Ley Concursal.
Pero también ha salido perjudicada la RFEF. La imagen dada por el ente federativo despreciando las alegaciones del club oriolano y negándose a recibir a sus directivos para al menos escuchar en boca de estos sus argumentos, es algo que está fuera de lugar porque una de las principales virtudes que se le ha de exigir es la muestra de capacidad conciliadora, algo que incluso una vez sentenciado el caso judicialmente apenas se ha apreciado públicamente.
La actitud mostrada por la RFEF no es la más idónea para un caso como este que se debió resolver con más celeridad de la mostrada y que quizás, de haberse conocido el alcance del poder de los magistrados con la aplicación de la Ley Concursal, nunca se hubiese llegado tan lejos. La RFEF tensó demasiado la cuerda y dejó apurar al Orihuela C.F. un recurso de supervivencia en el cual le iba la vida en ello, no entrando a razones hasta que la denuncia oriolana acabó politizándose y facultando una huelga de hambre por parte de algunos directivos de club de fútbol cuya perseverancia trascendió a muchos medios deportivos y no deportivos. Solo cuando vieron que tenían la batalla perdida accedieron someterse al designio judicial fuera cual fuera el resultado tomado en el auto. Antes nunca.
Las consecuencias derivadas por el litigio son bastante graves y además de quedar patente que la RFEF está supeditada a la Ley Concursal, queda demostrado que para un mismo problema compartido por Orihuela C.F. y Real Jaén C.F. SAD, en otro nivel queda el Real Racing Club B, -los tres en Ley Concursal-, la RFEF ha adoptado distintas soluciones cuando solo era posible una. Además de perjudicar al Orihuela C.F. y salir muy dañada la propia RFEF por no haber manejado la disputa con diligencia, se ocasionan una serie problemas donde antes no los había en dos grupos de alcance nacional aunque de distinta categoría: el Grupo III de Segunda División B se ve incrementado en un club más con el agravio que ello supone a los 20 ya existentes y el Grupo VI de Tercera División queda desprovisto de un club resultando su composición coja cuando ya se había iniciado el campeonato. En lugar de resolver un problema se originan dos nuevos.
© Vicent Masià. Noviembre 2012.
