por Vicent Masià
Necesidad de reestructuración
Cuando el lunes 26 de mayo de 1975 el barcelonés Pablo Porta fue nombrado oficialmente presidente de la R.F.E.F. en sustitución del alcoyano José Luís Pérez Payá por el delegado de la D.N.D., Juan Gich, el fútbol nacional español llevaba cinco temporadas con una estructura piramidal en la cual la Primera División estaba en la cúspide con dieciocho clubs desde 1971, la Segunda División en el medio con veinte clubs y la Tercera División en la base con un total de ochenta clubs repartidos en cuatro grupos de veinte clubs cada uno. Este orden había sido cultivado en 1969 e implantado en la temporada 70/71 tras una de las constantes reformas que la R.F.E.F. solía acometer sobre las categorías nacionales, pero lo que sirvió desde principios de los años setenta, a mitad de década ya se había evidenciado como arcaico y problemático.
La España de finales de los sesenta contaba con cuatro mil cincuenta y uno clubs federados, mientras en 1976 esta cifra habría de ascender a cinco mil seiscientos sesenta y ocho, casi un treinta por cien más que apenas seis años antes. Por otro lado el número de practicantes también se había incrementado notablemente, al igual que el número de habitantes de muchas localidades, sobre todo alrededor de las periferias de Madrid y Barcelona preferentemente y de grandes núcleos como Valencia y Sevilla con muchos municipios que empezaban a estar conurbados. Esta explosión de clubs y licencias encabezadas por la Federación Catalana con algo más de mil sociedades, reclamaban desde la base y en dirección a los máximos dirigentes regionales, una mayor participación del fútbol modesto en el tercer nivel con el fin de no quedar anclados en unas categorías difíciles de aportar ingresos y poco atractivas para los aficionados como eran la Regional Preferente y la Primera Regional.
Si los clubs modestos realizaban una gran presión desde abajo para alcanzar un mayor protagonismo en Tercera División, no menos activos, aunque desde otro punto de vista totalmente contrario, se mostraban aquellos clubs catalogados históricamente como “grandes” que por una serie de causas u otras se hallaban en esos instantes en una categoría que consideraban poco atractiva y consecuentemente deficitaria para sus arcas. Sociedades otrora o recientemente importantes como Pontevedra C.F., Baracaldo C.F., Cultural y Dva. Leonesa, Real Racing Club, Levante U.D., U.D. Lérida, Cto. de Dep. Sabadell C.F., Real C.D. Mallorca, Real Jaén C.F. ó C.D. Badajoz habían manifestado a través de los medios periodísticos que la Tercera División no colmaba sus aspiraciones ni deportivas ni económicas, las primeras por mantenerles alejados de la élite futbolística y las segundas, directamente relacionadas con las primeras, por acarrear grandes pérdidas monetarias que no podían resarcirse con los taquillajes, muy por debajo de lo conseguido en las categorías profesionales.
La R.F.E.F. inicia el estudio
El problema estaba servido tal y como había sucedido en anteriores ocasiones en el seno de la R.F.E.F., con la excepción de que en esta ocasión no tomaba desprevenido al máximo organismo nacional puesto que su recién elegido presidente, Pablo Porta, venía de ser vicepresidente de la R.F.E.F. hasta esas fechas, un cargo que compaginaba con el de ser supremo mandatario de la Federación Catalana. Con estas premisas y en vistas a solucionar los intereses respectivos de unos y otros, el gabinete federativo encargó a finales de diciembre de 1975 a la Comisión de Competiciones presidida por Juan Antonio Borrachero, vocal de la R.F.E.F., presidente de la Federación Guipuzcoana y representante de los clubs de Tercera División, el estudio de un proyecto convincente que calmase los ánimos y contentase a todos los demandantes. La Comisión de Competiciones que estaba integrada por el propio Borrachero, por Antoni Guasch (presidente de la Federación Catalana y de las Federaciones Territoriales), Manuel Fernández Trigo (gerente del Real C.D. de La Coruña) y José Ignacio Zarza (gerente del Athletic Club de Bilbao), inició a principios de 1976 una serie de reuniones donde se debatía el futuro de la Tercera División, las salidas que podían tener, la viabilidad de éstas y las posibles repercusiones tanto deportivas como económicas que podían deparar hacia sus asociados, llegando a la conclusión de que existían dos alternativas que podían ser útiles aunque preferentemente una era favorita respecto a la otra y gozaba de favoritismo. La primera y prioritaria era respetar la Primera y Segunda División tal y como estaban, con dieciocho y veinte clubs respectivamente, creando una categoría intermedia entre Segunda División y Tercera División que recibiría el nombre de Segunda División B y que constaría de un grupo único de veinte clubs, dejando la Tercera División con ciento sesenta clubs repartidos en ocho grupos de veinte integrantes cada uno. La segunda alternativa, sugerida por algunos clubs y no tan apreciada por la R.F.E.F., era seguir respetando la Primera y Segunda División pero aumentando a dos grupos de veinte clubs cada uno la nueva categoría intermedia, pasando la Tercera División a estar compuesta por seis grupos de veinte integrantes cada uno para sumar ciento veinte clubs.
La Asamblea Anual de 1976
Finalizada la temporada, la R.F.E.F. celebró el 8 de julio de 1976 en el hotel Meliá Castilla de Madrid su asamblea anual con varios puntos sobre la mesa siendo el de la reestructuración de las categorías el más importante y el que más interés por sus características connotativas tenía sobre la mayoría de los clubs allí citados. Debatidos y aprobados varios puntos, llegó el momento de valorar la propuesta federativa que como se presuponía había quedado reducida a una sola: crear un grupo único de Segunda División B con veinte clubs y ocho grupos de Tercera División con ciento sesenta clubs, propuesta que ante la sorpresa de muchos de los concurrentes no acabó de gustar y a la que se unió una nueva lanzada por el Real Unión Club, el cual intervino proponiendo una que era idéntica a la descartada por la Comisión de Competiciones, es decir, crear dos grupos en lugar de uno en Segunda División B y pasar a seis grupos con ciento veinte clubs en Tercera División.
Ambas tendencias estaban argumentadas y ambas tenían sus pros y contras, existiendo un conflicto de intereses en el cual la Comisión de Competiciones defendía una salubridad competitiva como organismo responsable de todos los clubs federados, indicando que con un grupo de veinte componentes en Segunda División B bastaba puesto que garantizaba buenos taquillajes por su atractivo, mantenía un interés para los aficionados y el nivel deportivo apenas se perdía siendo bajo su punto de vista la mejor opción; mientras que muchos de los clubs de Tercera División opinaban contrariamente que los gastos en desplazamientos se iban a incrementar notablemente al abarcar todo el territorio nacional, no tenían garantizado pasar a este tercer nivel tras terminar la temporada venidera 76/77 y reunían desconfianza en que fuese la mejor solución a sus reivindicaciones, además de insistir en que con dos grupos distribuidos geográficamente existiría mucha más rivalidad y por ende sus taquillas se incrementarían, aún a costa de dejar el nivel deportivo en un segundo plano, un punto que era sacrificado. Sobre el tapete de la mesa hubieron más propuestas, aunque más que propuestas eran opiniones personales de algunos directivos que manifestaban su sentir no posicionándose ni a favor ni en contra de las dos tesis oficiales, argumentando que dos grupos en Segunda División B iban a encarecer el mercado de fichajes al querer muchos profesionales ir a esos clubs, otros pregonaron que las ayudas económicas tanto de la R.F.E.F. como del Patronato de Apuestas Mutuas debían de incrementarse para compensar las pérdidas de los clubs de Tercera División, así como quienes opinaban que la deficitaria Segunda División, con formato idéntico a la Primera División pero con ingresos mucho menos cuantiosos, debía ampliarse a cuatro grupos de veinte clubs con una campeonato reducido a una sola vuelta y que los cuatro primeros clasificados de cada uno disputasen una liguilla de ascenso a Primera División, ampliándose la Tercera División a ocho grupos en lugar de crear una Segunda División B de cuarenta clubs.
Tras una hora y diez minutos de encarnizado debate donde el presidente Pablo Porta intentó poner paz y llegar a un acuerdo apto para todos e intervenciones de unos y otros, se llegó a la votación donde se impuso por mayoría la propuesta del Real Unión Club, decidiéndose finalmente crear dos grupos de Segunda División B con veinte clubs cada uno de ellos y seis grupos de Tercera División con ciento veinte clubs en total, cuya instauración sería aplicable a partir de la temporada 77/78. Faltaba decidir cómo se iba a hacer el cambio, optándose por que al término de la temporada 76/77 ascendiesen a Segunda División directamente cada uno de los cuatro campeones de cada grupo de Tercera División mientras los clasificados entre los puestos segundo y décimo inclusive pasarían a formar parte de la Segunda División B, nueva categoría a la que se sumarían los cuatro descendidos de Segunda División. En cuanto al resto de clubs militantes en Tercera División durante la campaña 76/77 que no hubiesen accedido a la Segunda División B, seguirían integrados en Tercera División a excepción de los últimos clasificados en cada uno de los cuatro grupos existentes y los tres penúltimos que menos puntos hubiesen sumado quienes deberían de disputar una Promoción de Permanencia con los aspirantes de Regional Preferente.
La Tercera División pasa a ser el cuarto nivel
Este histórico acuerdo suponía a partir de entonces la pérdida definitiva de los galones con que gozaba la Tercera División desde su creación dado que globalmente pasaba de ser el tercer nivel del fútbol nacional al cuarto nivel, un descenso cualitativo y jerárquico muy significativo que muchos no entendieron y que se empeñaron en autoconvencerse como inexistente, llegando algunas corrientes a difuminar este hecho incluso aún hasta nuestros días. Por el contrario, significaba el encumbramiento de la Segunda División B hasta el tercer nivel surgiendo de la nada y mostrándose como la categoría más importante y a continuación, solo por debajo, de la Primera y Segunda División, categoría esta que pasaba a denominarse Segunda División A.
Una solución que no contentaba a todos por igual
El impacto que tuvo la implementación de la Segunda División B entre los aficionados y personas del fútbol fue dispar. Muchos seguidores no entendieron que el acuerdo suponía una ruptura con el pasado reciente y que en el caso de pertenecer a un club de Tercera División, pese a mantener su nombre intacto, en realidad habían perdido una categoría deportiva. Otros en cambio sí lo entendieron todo a la perfección, caso de los periodistas, quienes de inmediato y una vez sabido el acuerdo, pusieron el dedo en la llaga mostrando su disconformidad al publicar en prensa que la solución federativa no era ni satisfactoria ni correcta, además de contradecir la voluntad de muchos clubs quienes habían expresado apenas unos días, incluso meses antes, que el cambio era necesario a consecuencia de la inviabilidad económica de la hasta entonces Tercera División. Es decir, la alternativa de una Segunda División B con dos grupos y una suma de cuarenta clubs no era una buena elección puesto que la mitad de integrantes de Tercera División (ochenta clubs en la campaña 76/77) no eran clubs “importantes” ni la otra mitad “no importantes” como se dejaba entrever, sino que la realidad era muy distinta y de esos cuarenta clubs elegidos sólo una veintena si acaso y siendo generosos, merecían una plaza en la nueva categoría.
Si lo que se pretendía era dar satisfacción a los denominados “históricos” no se logró en absoluto porque iban a seguir jugando con clubs más modestos y sus taquillas a mantenerse con montantes por el estilo, además que no es lo mismo un grupo único con veinte clubs que pueden reunir plantillas con jugadores profesionales o llegado el caso semiprofesionales, en comparación a dos grupos con cuarenta clubs en donde se pierde calidad deportiva al no existir tantos jugadores de élite en el país. Las únicas realmente beneficiadas fueron las sociedades semiprofesionales que podían acceder a una categoría con más caché deportivo y los clubs de aficionados que deambulaban por Regional quienes podían alcanzar un puesto en una Tercera División que se regionalizaba un tanto más al pasar de ochenta a ciento veinte clubs, un incremento del cincuenta por cien.
El tiempo, verdadero juez implacable en estos temas, demostraría más tarde que la decisión de formar dos grupos de Segunda División B, a pesar de su buena intencionalidad originaria, no fue la mejor de las decisiones porque apenas arregló nada para los clubs profesionales, muchos de ellos siguieron endeudándose, recaudando menos dinero en las taquillas y perdiendo socios, mientras que los semiprofesionales y aficionados se enfrascaron en una categoría que era más cara, donde tenían que aumentar sus presupuestos de forma considerable y donde su número de socios apenas variaba con lo que ello suponía, sumiéndose el fútbol español en una espeluznante crisis que años más tarde tendría que ser parcheada de nuevo con otras decisiones que tampoco serían las más adecuadas.
Tal vez y volviendo la mirada hacia atrás, con datos en la mano, una buena opción hubiese sido incrementar las ayudas que la R.F.E.F. daba por entonces a los clubs de Segunda División junto con un aumento notable de la parte proporcional del Patronato de Apuestas Mutuas para mitigar los grandes dispendios que ocasionaba viajar por todo el país, crear un grupo único de Segunda División B con veinte clubs pero recibiendo igualmente grandes sumas federativas y de las quinielas para compensar los largos desplazamientos interregionales y la ampliación de la Tercera División de cuatro a ocho grupos para dar cabida a los clubs de aficionados regionales que con esta medida conseguirían mayor caja al haber más rivalidad sumando el premio de estar en una categoría superior.
© Vicent Masià. Octubre 2011.
